Con votación unánime, Congreso de Chile aprobó la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

 

 

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Foto de Natalia Espina/CNCA.

Con votación unánime, la Cámara de Diputados aprobó hoy, 16 de agosto de 2017, el proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la República de Chile. Se cumple de este modo uno de los principales compromisos del actual gobierno en materia cultural, y en especial, es la culminación de un trabajo liderado desde hace más de dos años por Ministro de Cultura, Ernesto Ottone Ramírez.

El propio Ottone señaló durante la jornada que “este es un momento histórico para Chile. La aprobación de este proyecto es la culminación de un proceso de larga data, que nos permitirá finalmente contar con una institucionalidad sólida, coordinada y descentralizada. Con esto damos cumplimiento a uno de los principales compromisos del Gobierno de la Presidenta Bachelet en materia cultural. Agradecemos el apoyo transversal de los parlamentarios, pues este logro es también posible gracias a su voluntad y compromiso”.

Ahora el proyecto pasa por el Tribunal Constitucional, para su posterior firma y promulgación por parte de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

El diputado Roberto Poblete, quien integra la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, destacó que “cultura es todo, y por eso es tan importante esta institucionalidad que nos estamos dando. Estamos contentos de que por fin este proyecto vea la luz, después de años de espera por amplios sectores del mundo de las artes, pero también de la ciudadanía”.

El nuevo Ministerio considera la creación de dos subsecretarías: una de las Culturas y las Artes, y otra del Patrimonio Cultural, que contará a su vez con un Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ambas instancias estarán desconcentradas territorialmente, y se crearán las Secretarías Regionales Ministeriales y Direcciones Regionales del Patrimonio, coordinadas entre sí. La sede del nuevo ministerio estará Valparaíso (donde hasta ahora ha funcionado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) y se convertirá así en la primera Secretaría de Estado que no está domiciliada en la capital.

Gestión regional y pueblos originarios

La nueva institucionalidad cultural apunta a promover y ejercer una gestión pública basada en el reconocimiento del Estado a la diversidad cultural del país, incluido el reconocimiento a las culturas de los pueblos originarios y comunidades migrantes. Con ese objetivo se crea un Consejo Asesor de Pueblos Originarios y se suma un representante de las comunidades inmigrantes residentes en el país al Consejo Nacional de la  Cultura, las Artes y el Patrimonio, que aumentará a 17 miembros, con representantes del mundo del Patrimonio. Este aumento también se reflejará en los Consejos Regionales, que contarán con 13 miembros cada uno.

Se mantienen los actuales tres Consejos sectoriales: del Libro y la Lectura, del Arte y la Industria Audiovisual y de la Música Nacional, dentro de la subsecretaria de las Culturas y Las Artes, que también acogerá a las áreas artísticas.

La DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), hasta hoy dependientes del Mineduc, pasan a formar parte del nuevo Ministerio a través de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que contará con un Fondo del Patrimonio.

Otra novedad es que los Premios Nacionales de los ámbitos artísticos serán aprobados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Proceso de más de dos décadas

La creación de este Ministerio es la culminación de un proceso de institucionalidad cultural para Chile de larga data, que se concentra en acciones tomadas desde el retorno a la democracia, en 1990. Desde la comisión Garretón (durante el gobierno de Patricio Aylwin) a la Comisión Ivelic (durante el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle) y hasta la creación del CNCA (en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos) el año 2003.

Su última etapa fue el ingreso de un proyecto presentado durante el período de Sebastián Piñera, que posteriormente fue despachado como Indicación Sustitutiva por el actual gobierno de la Presidenta Bachelet, tras un proceso amplio de participación ciudadana que incluyó una Consulta Indígena en 2014-2015.

 

 

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